Para ProSUR el principal valor que tienen las CAR radica en su condición de instituciones autónomas, condición que desde su origen, les fue otorgada por la Ley 99 de 1993 por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organizó el Sistema Nacional Ambiental.

Hoy defendemos, desde ProSUR, dicha autonomía e independencia, la cual está fundamentada en el recaudo de fuentes propias que son directamente gestionadas por las CAR, lo cual es fundamental para su gestión y resultados.

Finalmente reiteramos el llamado al Gobierno Nacional para que se revise cuidadosamente esta Ley y todos los artículos de la misma, especialmente el Artículo 24.

El 28 de junio de 2018 fue aprobada por el Senado de la Republica, la Ley de Páramos, la cual reafirma la condición de estos territorios como ecosistemas estratégicos. Esta es una iniciativa de 33 artículos que tiene como propósito proteger los páramos de los impactos negativos que pueden generar proyectos en temas como la ganadería, la agricultura y la minería a gran escala.

La aprobación de esta Ley, que en el fondo es deseable, ha generado una oleada de inconformidades por la inclusión en su articulado de una disposición que confunde y de seguro modifica el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, que desde su momento ha definido que el 3% de las transferencias del sector eléctrico son para las Corporaciones Autónomas Regionales y que dichos recursos deberán ser destinados a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia de los proyectos eléctricos.

Los cambios generados por la nueva Ley de Páramos, que aún no ha sido sancionada por el Presidente de la República, en su Artículo 24 deja a la libre interpretación hacia dónde y desde dónde serán girados y se destinarán dichos recursos.

De acuerdo con las Corporaciones Autónomas Regionales de Antioquia, este traslado de recursos al Fondo Nacional Ambiental “menoscaba el principio constitucional de autonomía con el que se encuentran dotadas las CAR, al trasladar el manejo de recursos a un fondo administrado de manera centralizada y excluyente, desde la capital de la República”.

Según las CAR antioqueñas, esto ocurriría porque los recursos que hoy llegan directamente a las regiones empezarían a administrarse de manera centralizada desde la capital del país, donde no se conocen realmente “cuáles son las necesidades en materia ambiental”.